Astilleros en dique seco

Toca de nuevo la cuestión naval, que va para rato. El espectáculo al que hemos asistido esta semana, con una Junta de Andalucía acorralada por el armador onubense que ni come ni deja comer, tiene una intrahistoria que merece la pena analizar, pues descubre algunas de las razones por las que se ha caído en una situación de impasse que le va a costar muchos titulares, y sudores, al Gobierno regional. Ahí van cinco reflexiones, y que cada palo aguante su vela.

1.- El armador.

Sería incomprensible su actitud, pues le ofrecen una salida muy digna de una empresa en ruinas, si no fuera porque a lo largo de su trayectoria ha conseguido de la Administración autonómica lo que ha querido. Corría el año 1998 cuando Astilleros de Huelva sacó a sus propios trabajadores a la calle para reclamar a la Consejería de Economía y Hacienda, con Magdalena Álvarez al frente, que le concediera avales para formalizar préstamos con la banca, y que yo recuerde por entonces el contexto no era precisamente de crisis económica. Se los otorgó, como a cualquier otra empresa, pero en ésta llovía sobre mojado, con una plantilla que no pocas veces había denunciado, también vía manifestaciones, el impago de sus salarios y unos sindicatos que, asimismo, ponían en duda la actividad de la compañía para la construcción de grandes buques ante la tradicional falta de espacio de la atarazana onubense.

Pero es que informes encargados por el Ejecutivo andaluz, y también por empresas privadas, advierten de que la factoría de Huelva habría directamente que cerrarla, pero una decisión como ésta acarrearía un fuerte impacto sobre el empleo y un coste electoral para el PSOE. En cambio, la hoja de ruta diseñada por la agencia IDEA, adscrita a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, plantea la reconversión de la planta para que construya barcos medianos y pequeños y, además, se dedique a reparaciones, actividades ambas que tienen menos riesgos que la actual y más demanda, aunque, y esto es clave, cuentan con menos subvenciones públicas de aquí y de Bruselas.

A los propietarios de Astilleros de Huelva (dos familias concentran dos tercios del capital), y según fuentes conocedoras de las negociaciones, se les ha ofertado que varias consultoras y tasadoras independientes valoren los activos y que se embolsen su parte, aunque, a tenor del endeudamiento que acumula la compañía, a saber cuánto podrían pillar, no mucho, supongo. Su abandono es condición sine qua non para que algún inversor quiera salir al rescate con la bendición de la Junta de Andalucía. Pero no se van.

2.- La Junta de Andalucía

Ella solita se ha metido en este charco. Es lógico que IDEA haya cogido las riendas de las negociaciones, ante el temor de quiebra tanto de Astilleros de Huelva como de su filial Astilleros de Sevilla (80%, siendo el 20% restante de Contenemar, que está en suspensión de pagos) y sus consecuencias laborales. Pero aquí cabe indagar también en el pasado.

En efecto, fue la Junta de Andalucía la que, en 2006 y con Manuel Chaves como presidente, hizo sus oportunas gestiones para que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (es decir, el Gobierno central, ya bajo la batuta del también socialista José Luis Rodríguez Zapatero) adjudicara Astilleros de Sevilla (propiedad de la antigua Izar) a una empresa radicada en la comunidad, esto es, al armador onubense. ¿Nadie se acordó de los quebraderos de cabeza que ya por entonces daba?

En los últimos años, además, el Ejecutivo andaluz ha puesto encima de la mesa 55 millones de euros para el sostenimiento de la industria naval, mucho dinero como para que ahora se vaya a pique. Y, eso sí, no está dispuesto a seguir sacando la chequera si los errores de gestión no se solventan, y eso pasa por echar a quienes los cometieron.

Sin embargo, ni el consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Martín Soler, ni el titular de Empleo, Antonio Fernández, se esperaban la cerrazón del armador y el circo mediático de esta semana, en el que ha habido una mezcla de reproches y súplicas para que aquél no abandone la negociación, mientras que éste ha seguido jugando y, aunque duela, se ha reído en sus caras. Sabe que orquestar una industria paralela a la naval en el entorno de Huelva y de Sevilla, como prevé la hoja de ruta, lleva su tiempo, fíjense si no en los ímprobos esfuerzos en la Bahía de Cádiz y la comarca de Linares para gestar un tejido productivo al margen de Dephi y Santana Motor. Pero, consejeros, cuidado con caer en chantajes por mucho que lluevan chuzos ahora…

3.- Los sindicatos

La contundencia revelada por Manuel Pastrana, secretario general de UGT en Andalucía, y su homólogo en CCOO, Francisco Carbonero, al reclamar a los propietarios que se marchen y dejen actuar a la Junta de Andalucía aporta mayor validez si cabe a los planteamientos de IDEA. Y si los trabajadores, sobre todo los de Huelva, eran antes reivindicativos hacia el Ejecutivo autonómico, ahora viran el dedo acusador hacia los dueños de los astilleros, conscientes de que hay que señalar a quienes crean el problema y no a quienes intentan solucionarlo.

Las centrales sindicales, asimismo, no se han prestado a las llamadas del propio armador y de la industria auxiliar de Huelva, respaldada esta última por la Federación de Empresarios Onubenses (FOE), para que monten barricadas. Y tampoco han sacado a relucir aún, y sí lo han hecho los accionistas y empresarios (quién lo diría), las garantías laborales contempladas en el acuerdo con la SEPI cuando la empresa Astilleros de Sevilla fue privatizada. No son pocos los que, en esta factoría y tal y como pinta el horizonte -el reciente crédito de 6 millones avalado por la Junta para abonar nóminas y pagar materiales ya está agotado-, verían con buenos ojos volver al paraguas de la sociedad estatal -está obligada a asumir la plantilla en caso de fracaso de la privatización- y que ésta finalmente los prejubilara.

4.- Pymar

La sociedad Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión (Pymar), participada por el capital público y a través de la que se canalizan subvenciones y líneas de financiación con cargo al Estado, tiene en este conflicto mucho que perder.

Del volumen total de deuda reconocido por Astilleros de Huelva, 170 millones están contraídos con las entidades financieras y avalados por Pymar. Es decir, que si el armador falla al amortizarlos, esta sociedad ha de cargar con el marrón, los préstamos suscritos, que para eso los ha respaldado. Un auténtico mazazo.

5.- La FOE

Las patronales suelen clamar al cielo cuando hay intervención pública en una compañía, porque impide la competencia en iguales condiciones de mercado. No obstante, en el caso de Astilleros de Huelva la FOE ha adoptado la postura de reclamar más y más ayudas para una empresa al borde de la ruina.

Primero acusó a Pymar de la crisis por la que atraviesa la atarazana onubense, alegando que, como condición para avalar los créditos, esta sociedad nombraba a los directores generales, mientras que fuentes oficiales aseguran que se marchaban porque los accionistas les hacían la vida imposible. Después respaldaron por completo la gestión histórica del armador, entre cuyos planes está presentar la suspensión de pagos (solicitar concurso voluntario de acreedores) para obtener una quita superior al 50% de la deuda, y aquí cabe recordar que 50 millones los debe a la propia industria auxiliar de la provincia, la misma que ha salido también a apoyarlo. Y, por último, puso a la plantilla en medio del fuego y le animó a salir en defensa de su patrón y contra el Gobierno andaluz.

Hasta aquí, las cinco reflexiones. Mientras tanto, el tiempo corre, y en los juzgados están los escritos por los que Astilleros de Huelva y Astilleros de Sevilla piden un periodo de gracia de tres meses (trámite preconcursal) para que los acreedores no le fuercen a una suspensión de pagos (fuentes judiciales indican que, en el caso de Sevilla, la juez aún no ha dado el visto bueno a la petición). Pero transcurrido ese plazo, habrán de presentarla si no hay acuerdo con los acreedores. En la Junta de Andalucía creen que es precisamente lo que busca el armador. Para éste la quita, para aquélla el muerto.

P. D.

La parva. Si Javier Arenas, presidente del PP andaluz, se hubiera dado una vuelta por los pueblos de la Sierra de Aracena o el Valle de los Pedroches, no hubiera lanzado la gracia de que José Antonio Griñán, jefe del Ejecutivo regional, se va a Londres a comer jamón ibérico. El sector productor e industrial lo está pasando tan mal (crisis de precios y caída del consumo) que no se merece que Arenas lo meta en la verborrea política de sus mítines de fin de semana.

La simiente. El despacho de abogados Cuatrecasas y su tropel de letrados laboralistas han forjado un instituto para debatir sobre el mercado laboral. Se presentó esta semana en Sevilla y quienes intervinieron, Salvador del Rey (presidente del instituto), Fernando Moreno (director) y Eduardo González Biezma (consejero y coordinador del área laboral de Cuatrecasas) aportaron sosiego al debate. Y es lo que se necesita, sosiego, y no el sempiterno e interesado tira y afloja de políticos, empresarios y sindicatos.

La paja. En el ardor de las movilizaciones, he oído insultos que dañan el decoro de gentes tan finas como Miguel Afán de Ribera, secretario general de Asaja de Sevilla, o tan rudas como Miguel López Sierra, que ejerce idéntico cargo en COAG. Hay que arengar a las masas agrarias, alegan. Sin embargo, el sindicato mayoritario de Cajasur, Aspromonte, ha caído en lo más bajo al comparar la negociación laboral de la fusión entre esta entidad y Unicaja con el tiro en la nuca y los asesinatos de oficiales polacos a manos de los rusos en la II Guerra Mundial. Es denigrante, por mucho que, en este caso, haya que arengar a la plantilla en defensa de sus legítimos derechos laborales.

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