Una reforma laboral ‘light’

Tras la ruptura del diálogo social el pasado verano, el Gobierno decidió legislar por su cuenta y estableció en 420 euros la ayuda mensual a los parados que hubieran agotado la prestación por desempleo. Para los beneficiarios fue un respiro, pero para el mercado laboral, ni fu ni fa. A los sindicatos no les convencía esa cantidad y a los empresarios les daba igual, si bien advertían de su impacto sobre las cuentas estatales. Pero la legislación sobre la fuerza del trabajo, que, en opinión de numerosas instituciones económicas tanto nacionales como internacionales necesita cambios, no podía quedarse ahí, y ahora, a regañadientes, el Ejecutivo prepara una batería de medidas que presentará a mediados de mes a los agentes sociales y conformarán una reforma suave, light, temeroso del desgaste electoral que pueda tener.

En efecto, no es lo mismo que el Gobierno diga que hará lo que pacten patronal y centrales sindicales, pues a sus posturas maximalistas cabe siempre decirles no –así ocurrió al considerar “líneas rojas” los planteamientos de la CEOE del nuevo contrato con menos coste por despido y la rebaja de las cotizaciones en cinco puntos para el empresario–, que ser él mismo quien ponga sobre la mesa los puntos de partida de la negociación.

Tanto el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, como su ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, son todo prudencia, aunque de sus declaraciones cabe colegir que la reforma laboral –los analistas dicen que es uno de los principales cambios estructurales pendientes en la economía española, si no el primerísimo– no traerá grandes alteraciones en lo que a los contratos se refiere, limitándose a introducir mejoras en los incentivos y dar más peso a la negociación colectiva entre patronos y sindicatos.

Por lo pronto, serán los jóvenes y también los colectivos con riesgo de exclusión los únicos por los que el empresario cobrará incentivos a la contratación. Se pretende así corregir la elevada temporalidad en el puesto y, además, el encadenamiento de contratos que soportan. Gusta a los sindicatos, no tanto a los empresarios, que no resuelven el coste de sus plantillas ni el totum revolutum de las modalidades actuales de contratos y que dan pie al fraude, en especial en esos llamados por obra y servicio y que terminan por eternizarse.

Las microempresas, además, tendrían prioridad al repartir las bonificaciones a la Seguridad Social, erradicando así la absorción por parte de las pymes y las grandes compañías. Mientras tanto, el mayor guiño a la patronal se revela a través de dos vías: más ayudas para los emprendedores y un plan de lucha contra el absentismo laboral, que esta crisis económica ha sacado a la luz su amplitud –bajó en 2009 a casi la mitad ante el temor a perder el puesto de trabajo–.
Tal y como estaba previsto, no se alargará la vida laboral de los trabajadores más allá de los actuales 65 años que fija la ley, pero se incentivará la permanencia en el puesto de trabajo pasada esta edad, por el bien de las cuentas de la Seguridad Social y las pensiones futuras. Es decir, no obligatorio, sí voluntario, nada impuesto.

Ciertos aspectos del llamado modelo alemán, que permite a la empresa en crisis reducir la jornada laboral y que el trabajador tenga compensación (o subsidio) del Estado hasta completar la nómina, serán adoptados. Se trata de una clave para impedir el desmesurado incremento del paro, pues en España, aunque existen posibilidades similares –en la legislación sobre expedientes de regulación de empleo– se opta preferentemente por la extinción de los contratos. Esa compensación vendría ligada a la asistencia a cursos de formación.

Y he aquí que aflora el eje central de la reforma: la negociación colectiva entre empresarios y sindicatos (convenios sectoriales, de empresa). Ganará peso, para alegría de unos sindicatos que van a ver reforzado su papel, y se presupone que así se diluirán algo las rigideces de la legislación laboral, adaptándose a lo que la situación global de la economía o la particular de cada empresa requiera.

Por lo demás, la reforma, que el Gobierno aspira a perfilar a lo largo del primer cuatrimestre, va a venir pareja al debate de la reforma de las pensiones –cambios que afectarán sobre todo a las de viudedad y al número de años de cotización que dan el derecho a cobrarlas– en el marco del Pacto de Toledo.

El diálogo social, según Corbacho, se reanudará esta semana o a principios de la próxima, y los planteamientos del Ejecutivos son, dice, flexibles. Sólo el mero hecho de que las tres partes se vuelvan a sentar supone un balón de oxígeno a la confianza.

P.D.

La parva. Las grandes empresas no siempre sirven de ejemplo. Hasta el último minuto aprovechan algunas para presentar sus cuentas al Registro Mercantil de Sevilla. El 31 de diciembre pasado registraron las de 2008, con dos años (menos un día) de retraso.

La simiente. Asaja de Sevilla ha organizado para principios de febrero en Sevilla un congreso de agricultores europeos. No está mal conocer las opiniones de los colegas en vísperas de que comience a debatirse el presupuesto comunitario a partir de 2013 y, con él, la orientación que adoptarán las ayudas agrarias.

La paja. Qué poco ha tardado José Luis Rodríguez Zapatero en meter la pata en materia económica nada más estrenar la Presidencia de turno de la Unión Europea. Eso de proponer «medidas correctivas» para los países que no cumplan los objetivos públicos, entre ellos el déficit, ha suscitado el rechazo de Alemania, la locomotora económica de Europa. Mira que dar lecciones con las cuentas públicas que tenemos…

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