Este Gobierno no llega a los 67

Este Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está aquejado de un gravísimo problema de comunicación y otro no menos gravísimo de credibilidad. Tanto que cunde la sensación de que hará justamente lo contrario de lo que dice, y lo peor de todo es que entre esto y aquello apenas median días. No estamos hablando de sus fallidas previsiones macroeconómicas y del paro, sino de la negación de la evidencia, que peligrosamente lleva aparejada la mentira. No vamos a subir los impuestos, y suben. No van a ser perjudicadas las clases medias, y lo son. No está en peligro la Seguridad Social, y lo está. No vamos a retrasar obligatoriamente la edad de jubilación, y la retrasa a los 67 años… Ni sabe actuar, porque improvisa, ni sabe explicarse, porque confunde y escandaliza. Lamentable.

No hay ni un solo informe de la OCDE o de la Comisión Europea en al menos la última década que no recomiende a España emprender sendas reformas, y profundas, en el mercado de trabajo y en el sistema público de pensiones, y a estas voces se suman el Banco de España y no pocas instituciones económicas y empresariales del país. Pero el Gobierno, quizás porque vivíamos en épocas de vacas gordas, se negó a asumir tales consejos y ahora, cuando están ya no flacas sino famélicas, se da cuenta de que algo hay que hacer, habida cuenta de la sangría laboral y de que las cuentas públicas hacen aguas. Se hará realidad la sentencia divina de parirás con dolor.

¿A quién se le ocurre filtrar una parte de la reforma de las pensiones, la que atañe al delicado asunto de retrasar la edad de jubilación, sin explicarla por entero y presentar los argumentos que la sustentan? Sólo a un Gobierno acostumbrado a dar marcha atrás en sus propios globos sonda y que vuelve a revelar, como en tiempos de Pedro Solbes, que hay muchos ministros que juegan a serlo de Economía, como si los ciudadanos no estuvieran ya hartos de esta crisis, del crecimiento del desempleo, de las incoherencias del propio Ejecutivo y, esto para Andalucía, de las tensiones internas por el liderazgo de los socialistas.

Pero si uno, el PSOE, es incongruente, otro, el PP, es cínico a más no poder, subiéndose a una ola de populismo para aprovechar que el populus quiere soluciones y, de paso, cargar contra quienes gobiernan y no se las dan. Estoy seguro de que el próximo viernes, cuando el Ejecutivo de Zapatero se atreva a presentar su propuesta para la reforma laboral, los populares se llevarán las manos a la cabeza a pesar de que la demandan (en este terreno, como en muchos otros, su sintonía con la patronal CEOE es cuasi plena), al igual que en su día reclamaban medidas, como el retraso en la edad de jubilación, que evitaran el colapso futuro del sistema público de pensiones.

Que se prolongue la vida laboral más allá de los actuales 65 años no es una mala iniciativa, porque no pocos trabajadores se sienten aún activos a esa edad y preferirían permanecer en el mercado de trabajo antes que jubilarse. Pero hacerlo con carácter obligatorio, y sin diferenciar entre profesiones, porque no todas son la misma, es cuanto menos paradójico en un país que ha abusado hasta la saciedad de las prejubilaciones a quienes ni siquiera habían cumplido los 50 años, y esto tanto en la empresa privada (cofinanciado su coste con dinero del Estado) como en la pública (Bazán, Astilleros, mineros…).

En la edificación de la propuesta para reformar las pensiones, por lo demás, se ha iniciado la casa por el tejado, sin cimientos ni muros, con la excusa de que ha de ser negociada. Tres cuartos de lo mismo ocurrió con ese cajón desastre llamado Ley de Economía Sostenible, que Zapatero, por sorpresa, se sacó de la manga en un mitin de fin de semana celebrado en Dos Hermanas. Y las cosas no pueden ni deben hacerse así. Política de comunicación, cero.

A este Gobierno el miedo le puede, y el miedo es muy mal consejero, conduce a la inactividad. Lo que no ha afrontado en los últimos dos años, desde que arrancara la crisis económica, pretende hacerlo precisamente ahora, en el peor escenario posible. Le costará la Moncloa, salvo que pueda subirse a la pequeña ola que, al menos eso se espera, surja en vísperas de las próximas elecciones generales.

P. D.

La parva. Se sorprendía José Luis Ros, presidente de Caja de Guadalajara, de la expectación que se había levantado en Sevilla con la fusión de esta entidad y Cajasol. Si hubiera vivido en Andalucía en la última década, no se habría sorprendido tanto, porque aquí hemos asistido a una permanente polémica en torno al sistema financiero regional: ley de cajas de Magdalena Álvarez, guerra entre ésta y Cajasur, los díscolos presidentes de El Monte y San Fernando, la huida de la entidad fundada por la Iglesia al cobijo del Gobierno del PP, la discutible gestión del cura Castillejo, el regreso de la caja cordobesa a la tutela de la Junta, la gestación de Cajasol, el intento fallido de matrimonio entre Unicaja y Caja Castilla-La Mancha, el arduo camino del enlace entre la malagueña y la cordobesa, la presión de los canónigos… Pues sí, la paz con que Cajasol y Caja de Guadalajara han afrontado su operación sí es una sorpresa. Grata.

La simiente. El presidente de Ebro Puleva, el sevillano Antonio Hernández Callejas, prosigue con su estrategia de reorganizar los negocios del grupo, desprendiéndose de los que menos rentabilidad generan. Fue el caso de la actividad azucarera y ahora lo será de la láctea, pues sopesa desprenderse de Puleva, empresa de referencia en Granada, para concentrarse en el arroz, las pastas y productos de la alimentación funcional (aquí es clave la fábrica prevista en La Rinconada). Ni sería Ebro (azucarera) ni sería Puleva (leche). ¿Perderá el nombre? Le sugerimos uno nuevo, el sevillano Herba (arrocera de San Juan de Aznalfarache).

La paja. Que no vengan ahora Cristóbal Montoro, portavoz de Economía del PP, ni Javier Arenas, presidente de los populares andaluces, a denunciar el intervencionismo político de la Junta de Andalucía en los órganos de dirección de las cajas de ahorros radicadas en la comunidad ni a postular la despolitización de estas entidades. Su discurso, sencillamente, no es creíble después de las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, captadas a micrófono abierto, jactándose de haberle quitado un puesto en el consejo de Caja Madrid al “hijo puta” para dárselo a IU. Tremendamente reveladoras estas palabras, aunque barriobajeras en exceso para la señora marquesa.

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