Jubilarse a los 67 para prejubilar a los 52. Incongruencias socialistas

Tras un mes en barbecho, mil perdones, vuelvo a segar y hoy toca con fuerza, porque el acuerdo laboral que abocará al cierre a Astilleros de Huelva clama al cielo y no sólo por la salida que se ha arbitrado a sus trabajadores, sino también por las declaraciones de los responsables de la Junta de Andalucía que, si no fuera por la seriedad del problema, las calificaría, como mínimo, de chistosas.

En primer lugar abordemos la cuestión laboral. Con mi máximo respeto a la plantilla y a su derecho a acabar esta agonía empresarial de la mejor manera posible, choca que el mismo Gobierno, el socialista de José Antonio Griñán, consienta prejubilaciones para mayores de 52 años cuando defiende al Ejecutivo central en su propuesta de ampliar la vida laboral hasta los 67 años (es decir, retrasar la edad de jubilación) y atajar el exceso de prejubilaciones que, con la connivencia de los sindicatos, existen tanto en empresas en pérdidas, caso de Astilleros de Huelva y que podrían ser razonables, como en aquellas que cosechan jugosos beneficios y quieren más a costa de rebajar su carga salarial.

Reitero mi máximo respeto tanto a los trabajadores como a quienes han negociado en su nombre, el comité de empresa y, por ende, los sindicatos. Pero insisto en la incongruencia del Gobierno autonómico, que asumió la gestión de Astilleros de Huelva para buscarle una alternativa empresarial tras el fracaso de sus anteriores administradores, a los que forzó a marcharse, porque si ésa, como en Delphi, es su fórmula para solucionar conflictos laborales, me temo que nos tendremos que jubilar a los 70 años para que el sistema de la Seguridad Social aguante ese querer y no poder de las administraciones que juegan a salvar patrias.

Me podrán alegar que dejar la compañía naval en manos de sus dueños hubiera sido aún peor que el desenlace que le ha dado la Junta de Andalucía, y es verdad si nos atenemos al abultado endeudamiento, más de 300 millones de euros, que soportaba el armador onubense. Sin embargo, si el destino era el cierre, como así lo aconsejaban auditoras independientes, no sé por qué tan prolongadísima expiración y la insistencia en encontrar inversores privados que, desde primera hora, sabía que no iba a encontrar, y para eso ya tenía la experiencia de Delphi.

Siendo egoísta, me pregunto si no existen conflictos laborales de primera y conflictos laborales de segunda, donde unos, que arman ruido e impacto mediático, se resuelven, con la mano de la administración, con un futuro digno para sus plantillas, mientras que los otros dejan a sus trabajadores con una mano atrás y otra delante o recurriendo, larga espera de por medio, al Fogasa o a los juzgados para cobrar al menos parte de los salarios.

En segundo lugar aflora la cuestión empresarial. Astilleros de Huelva solicitó la protección del juez para evitar que sus acreedores le obligaran a suspender pagos, pero se trataba, tal y como establece la ley, de un trámite previo a la presentación de un concurso de acreedores, que está al caer. Y como la deuda es tan abultada, por mucha quita que se haga, la empresa naval está abocada a su liquidación y, por tanto, a un reparto de sus activos.

Que Astilleros de Huelva había estado sobreviviendo artificialmente era algo archiconocido desde hace más de una década, cuando, a cada dos por tres, sus propios dueños azuzaban a la plantilla para que se movilizara contra el Gobierno regional en reclamo de avales con los que mantener la actividad y pagar las nóminas. El cerrojazo, no por doloroso porque finiquita la tradición naval de Huelva, no se podía evitar.

Y, por último, la Administración, en qué posición queda la Junta de Andalucía. En su ánimo de ocultar la verdad, que el acuerdo laboral (prejubilaciones, despidos con indemnizaciones, expedientes de regulación de empleo y recolocaciones prometidas, además de costar a las arcas públicas central y autonómica unos 33 millones de euros, que saldrán de nuestros bolsillos)  condena a la muerte a la factoría, se enreda con las promesas de un futuro industrial mejor que el actual para Huelva.

Compromiso de negociar con otras compañías para mantener la vinculación naval con la provincia mediante la reparación de buques, una apuesta por la actividad económica, se sientan las bases de un futuro competitivo y no se cierra un capítulo de la industria, una apuesta por una economía de futuro, sana y basada en sectores de futuro,.. Son todas afirmaciones de los consejeros de Empleo, Manuel Recio, y Economía, Antonio Ávila, muy de cara a la galería pero vacías de contenido. Más les convendría admitir que no había otra salida posible, que, en estos tiempos de crisis económica, no han encontrado socios inversores y que hay que hacer borrón y cuenta nueva para atraer a Huelva a otro tipo de empresas. Por favor, un poco de sinceridad.

P.D.

La parva. Clara Aguilera, consejera de Agricultura, se confundió al hablar del fraude en el cerdo ibérico, quizás porque se olvidaba de que ibérico no sólo es el de bellota sino también el de cebo y recebo, y ha causado un gran revuelo en la industria. Pero quiero introducir un matiz. Esa industria que ahora se queja es la que siempre ha denunciado la falta de claridad de la norma del ibérico, la confusión que crea entre los consumidores y el fraude que existe sobre todo en la venta de jamones de bellota. Pero, ¿cuál es la verdadera causa del revuelo? Hasta ahora la palabra fraude, pese a ser habitual dentro del sector, había quedado en la boca o impresa en los medios de comunicación, y ninguna autoridad oficial, en este caso Clara Aguilera, la había pronunciado. En cambio, la intervención de la Consejería de Agricultura inmovilizando las partidas fraudulentas en Sevilla, si bien es un caso puntual, evidencia la realidad del fraude, y los industriales temen, lógicamente, por su buena imagen. Bastante están sufriendo ya con la caída del consumo. Al menos hay una norma, que antes no la había, para empapelar a quienes cometen el fraude al cambiar las etiquetas y vender blanco por ibérico o recebo por bellota.  Y un matiz. Es curioso que el jamón que no sea de bellota no pueda poner esa palabra en su etiqueta, pero sí una bellota pintada. Los hay así.

La simiente. Apunten este nombre: Mafresa. Es un gran matadero de Fregenal de la Sierra, participado por la Junta de Extremadura y con problemas financieros. Negociaciones hay para venderlo, e incluso Nueva Rumasa ha estado tanteando esa posibilidad. Es de los pocos que realmente tiene un secadero rebosante para vender jamones y paletas estas Navidades. Y Mercadona lo sabe…

La paja. Toca hacer más cola en los hipermercados. Decenas de cajas y pocas cajeras/os. Se trata del ajuste de plantilla que están acometiendo también las cadenas comerciales, esas mismas que abren los festivos, como el pasado martes, pero no tienen capacidad ni personal para absorber los clientes a la hora de pagar. Paciencia.

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