La verdad de las mentiras laborales

No se trata de un maquillaje de las cifras, pero sí de la aplicación de una metodología más que cuestionada y que siempre barre para adentro. Me estoy refiriendo a los datos del paro registrado que facilita mensualmente el Ministerio de Trabajo y que recopilan los suministrados por los distintos Servicios Públicos de Empleo de las comunidades autónomas. Un desempleado, al menos así lo entiendo yo, adquiere esta condición si realmente no tiene trabajo, lo quiere y lo busca, siendo esta búsqueda materializada a través de su inscripción en los listados oficiales, en la esperanza de que éstos, que son públicos y nos cuesta el dinero, consigan felizmente casarlo con una oferta laboral.

903.999 son los parados oficiales con los que Andalucía cerró el pasado año. Sin embargo, la cifra de demandantes de empleo, esto es, la de todos los inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), se elevó a 1.351.039. Entre uno y otro dato median 447.040 personas, de las que 251.030 tienen algún puesto, otras 40.439 no lo poseen pero ven limitadas sus posibilidades a la hora de trabajar y 155.571 están sin ocupación, aunque la metodología también los excluye del negro listado de desempleados al cobrar el subsidio agrario o realizar cursos de formación.

1.100.009 serían, pues, los parados reales, mas no oficiales, que existirían en esta comunidad, una cantidad más cercana a la que recoge la Encuesta de Población Activa (EPA), la única estadística de medición del desempleo que está homologada para los países de la Unión Europea (UE). En concreto, la EPA del tercer trimestre de 2010 -el último dato publicado- hablaba de 1.129.500 personas sin trabajo en la región.

155.571 parados están ocultos a la estadística al incluir a los perceptores del subsidio agrario (lo cobran en Andalucía y Extremadura los eventuales del campo o jornaleros) y quienes, aunque no tienen un puesto, desarrollan cursos de formación -el ejemplo más llamativo, el de los operarios gaditanos de la antigua Delphi-. Desaparecen, pues, de los registros oficiales.

El Ministerio de Trabajo e Inmigración todavía no dispone de los datos de beneficiarios del subsidio agrario -el antiguo PER- de diciembre. Los últimos hacen referencia a noviembre pasado, con 137.508. Por tanto, y en términos aproximados, unos 20.000 parados andaluces no son considerados como tales al estar acogidos a programas de las políticas activas de empleo.

Cabe recordar, en este sentido, que los eventuales agrarios -que en la metodología aparecen como Teass- adquieren derecho a percibir el subsidio si reúnen al cabo del año 35 peonadas (días trabajados), aunque el año pasado este número se rebajó a 20 al verse dañadas las cosechas -y, por tanto, los jornales- por el impacto de los temporales que azotaron en el invierno a Andalucía.

Al excluirlos de la consideración de parado, el Ministerio les otorga irremediablemente la condición de subsidiados. Soy de pueblo –de ésos que están marcados también por el antiguo PER- y sé que hay muchísimos eventuales del campo –y otros que nunca lo fueron- ya mayores de 45 años que difícilmente van a encontrar un puesto de trabajo a menos que se incida en la diversificación económica de las áreas rurales, pero no me puedo creer que se condene al limbo de la indefinición, y del desempleo, a nada más y nada menos que a 137.508 andaluces

Mientras, 251.030 personas figuran como demandantes en las oficinas del SAE pese a estar ocupadas. Se trata de empleados que quieren mejorar su situación y encontrar otro puesto de trabajo ya sea por razones económicas o por cuestiones de índole profesional -por ejemplo, cuando se ejerce un puesto distinto a los estudios cursados-. Por muy pequeña que sea la relación laboral -horas, días-, no computan como parados oficiales.

Un último grupo de personas. 40.439 son demandantes de empleo porque carecen de él pero su disposición a la hora de trabajar es limitada. En esta categoría se dan cita, por ejemplo, quienes tan sólo pueden trabajar desde casa o desde otras comunidades o países distintos, los que solicitan un empleo para un periodo menor a tres meses o una jornada inferior a 20 horas semanales, los que aún cursan estudios de enseñanza superior reglada, etcétera.

Pongamos dos ejemplos. Primero, un ama de casa, que cuida del hogar y también de su padre anciano y no recibe prestación alguna, ni siquiera la contemplada por la Ley de Dependencia, se apunta al Servicio Andaluz de Empleo para buscar una ocupación para cinco horas semanales, no más porque ha de atender a sus otras obligaciones. Y segundo, el universitario con dificultades para pagarse la carrera y que se da de alta en el SAE para encontrar un empleo no a tiempo completo que le ayude a concluir sus estudios. ¿No son parados? ¿Cómo los llamamos pues, ciudadanos que complementan sus rentas? Si se obvian, ¿no estamos dando por supuesto que el mercado laboral español es incapaz de facilitar trabajos a tiempo parcial con todos sus papeles y, por tanto, se condena a esos demandantes a la economía sumergida?

Por tanto, si se suman esos demandantes de empleo con limitaciones (40.439) y los amparados por el antiguo PER y alumnos inscritos en cursos de formación laboral (155.571), el resultado (196.010) es que Andalucía acabó 2010 con 1.100.009 parados reales, y no con los 903.999 contabilizados por las oficinas del SAE. Éste, por lo demás, trabaja como un registro (es decir, como si fuera un censo), frente a la EPA, que es una encuesta.

¿Y del estado, qué? 4.100.073 eran los parados españoles al cierre de 2010, según los registros de los Servicios Públicos de Empleo -el antiguo INEM-. Sin embargo, los demandantes de un puesto de trabajo alcanzaban los 5.504.411.

De esta última cantidad, 955.996 se consideraban ocupados, 221.683 alegaban limitaciones a la hora de trabajar y 226.659 percibían el subsidio agrario -sólo se cobra en las comunidades de Andalucía y Extremadura- o realizaban cursos de formación.

Si a los 221.683 que aducían limitaciones, y que realmente no tenían empleo, sumamos 226.659 eventuales del campo y alumnos de cursillos, colectivos ambos también sin trabajo, resulta que a los 4.100.073 parados oficiales habría que añadir 448.342. En total, 4.548.415.

La EPA hizo hace unos años una aclaración muy acertada cuando detalló que la población activa no sólo son las personas en edad de trabajar (mayores de 16 años), sino que, además, deben mostrar predisposición a trabajar. Es decir, que quieren hacerlo. E igual hizo con el parado, al concretar que éste ha de revelar un interés en buscarlo. Pero este último detalle lleva muchos años obviándose en el Ministerio, y por eso la EPA le da trimestralmente una bofetada cuando publica sus estadísticas, que cuestionan las facilitadas por los Servicios Públicos de Empleo.

(Sobre mi mesita de noche, La verdad de las mentiras, de Mario Vargas Llosa).

P.D.

La parva. La cooperativa malagueña Hojiblanca ha fracasado en su intento por comprar la cárnica Mafresa, dedicada al cerdo ibérico, ubicada en el municipio pacense de Fregenal de la Sierra y agobiada por su abultada deuda financiera. La aceitera andaluza quería diversificar su negocio con un producto, el jamón, complementario del aceite de oliva. En cambio, incrementará sustancialmente sus exportaciones del oro verde a China, un país por el que ha apostado con rigor y donde será líder.

La simiente. Domingo Pérez, propietario de la conocida red de gimnasios Sato Sport, se ha pintado de negro para encarnar este año al rey Baltasar en la Cabalgata de Sevilla. Merecido reconocimiento a un empresario que partió de cero y se ha hecho grande a base de fuerza.

La paja. ¿Cuántas veces hemos escuchado por parte de nuestros gobernantes que lo peor de la crisis del empleo ha pasado ya? Manuel Recio, consejero del ramo, lo lleva diciendo desde que accediera al cargo…

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