La Caixa, salarios y educación, más el frío en Cartuja

La conversión de La Caixa en un banco, además de hacer historia en las finanzas españolas, marca el rumbo al conjunto de las cajas de ahorros. El logotipo de la catalana, una estrella creada por el pincel del pintor Joan Miró, guiará la senda al resto de entidades que han preservado, a lo largo de dos siglos, su carácter y representatividad social y su naturaleza fundacional.

No es una más, es la mayor caja la que opta por la bancarización y sin que nadie, ni tan siquiera el Gobierno central con sus nuevas exigencias de capital, la conmine a iniciar tal camino. Es la conciencia de que el modelo vigente de cajas de ahorros, que, hasta hace pocos meses, impedía la presencia efectiva de inversores privados, no es actualmente válido para captar recursos en los convulsos mercados internacionales, donde aún pervive la desconfianza hacia España y su sistema financiero.

Cuando la primavera pasada se abrió una crisis institucional en la patronal de las cajas, la CECA, tras la dimisión forzada de su anterior presidente y la falta de acuerdo para nombrar al sucesor, no fue extraño que el propio Gobierno de Zapatero interviniera para convencer y después sentar en ese sillón a Isidro Fainé, el máximo ejecutivo de La Caixa.

Existía entonces una gran divergencia sobre si la CECA habría de ser regentada por una caja pequeña o una caja grande. Pero la reforma de la legislación estatal para estas entidades, que vendría en otoño, y los recientes cambios que inciden en su bancarización dejan al descubierto que realmente se requería un gran cajero y un gran financiero para responder a los desafíos que se cernían y ciernen sobre las finanzas en su conjunto y la economía española en general.

Tanto que el panorama de las cajas ha cambiado de manera radical en año y medio, aunque fue en la primavera pasada, a raíz de la caída de Grecia y el acoso que sufrió España por parte de los especuladores, cuando adquirió velocidad de vértigo. La reforma de la legislación estatal de cajas de ahorros aprobada meses antes ya permitía que tuvieran derechos políticos (de voto en los órganos de gobierno) las cuotas participativas (especie de acciones) que emitieran. Ninguna había recurrido aún a este mecanismo, que supondría la entrada de capital privado en las cajas, y sólo una, la CAM, había lanzado cuotas sin tales derechos políticos. Al fin y al cabo, cada vez que surgía esta cuestión, afloraba la sempiterna polémica de la privatización, una polémica que los partidos gobernantes en las autonomías, sobre las que recae la tutela de las cajas de ahorros, procuraban evitar.

Mas la decisiva intervención del Banco de España invitando a acometer fusiones, la realidad de los estragos hechos por el ladrillo en sus cuentas y el control estatal de Caja Castilla-La Mancha y después de Cajasur al final condujeron a una bancarización un tanto silenciosa. Aumentaban los SIP (los Sistemas Institucionales de Protección, también llamados fusiones frías) que tenían un banco como sociedad central o cabecera.

El supervisor ha establecido severas condiciones -entre ellas una pérdida sustancial de sus activos- para así disuadir el abandono del SIP por las cajas socias y presionado para que todo el negocio bancario de éstas quede en la sociedad central. ¿Qué queda para las cajas entonces? La gestión en sus territorios y la Obra Social.

Pero aún habría un paso más. La desconfianza hacia España se acrecentó tras el rescate europeo de Irlanda y los persistentes rumores de que el vecino Portugal correría idéntica suerte. Junto a ello, ataques a la deuda española y las dificultades no sólo de las cajas, sino también de los grandes bancos Santander y BBVA, para financiarse en los mercados de capital, y sin olvidar que aún existían dudas respecto al impacto del pinchazo inmobiliario en los balances de las entidades.

En los SIP, al tratarse de bancos, cabe la entrada de socios privados que tomen parte de su capital a cambio, por lógica, de dividendos. Sólo uno, Banca Cívica, se atrevió a sellar y anunciar la entrada de JC Flowers, fondo de capital extranjero. Y se lió gorda.

Visto que el modelo de cajas de ahorros, salvo unas pocas excepciones y a ver cuánto duran, no sirve para captar dinero y que el Estado no puede actuar siempre de vaca lechera para las cajas con problemas, la salomónica solución del Gobierno ha sido exigirles más capital puro y no contaminado por sus emisiones de deuda (core capital) para así hacerlas atractivas a los inversores, al tiempo que obligar a hacerse bancos a aquéllas que requieran los recursos públicos (créditos a un interés del 7,75%) del FROB, el fondo de rescate, y nacionalizar parcialmente las que no cumplan los requisitos.

Y aquí cabe incorporar un importante matiz. El Gobierno español presume de la solvencia de sus entidades y éstas presumen de la solvencia propia, pero hay un problema de credibilidad a tenor de tanto plan para reestructurar las cajas de ahorros y tanta petición de que éstas sean más transparentes.

Sólo una semana después de que el Ejecutivo detallara sus nuevas exigencias de capital, La Caixa anunciaba que iba a traspasar su negocio financiero a un banco, llamado Caixabank, nacido a partir de Criteria, su holding de empresas, y del que será su accionista principal y mayoritario. Eso sí, La Caixa seguirá bajo la fórmula jurídica de cajas, pero su banco, el décimo en importancia de la Eurozona, dará cabida a socios privados por alrededor de una quinta parte de su capital social. El control mayoritario le facilita la gestión del negocio, la decisión de cómo se reparte el dividendo -vital para asegurar los recursos de la Obra Social- y la permanencia dentro de compañías estratégicas para España (Telefónica o Repsol).

Y, por supuesto, en los órganos de gobierno de un banco no caben ni políticos, ni sindicalistas ni impositores condicionados por unos u otros como sí ocurre en las cajas de ahorros, sino directivos, y con mayúsculas. Me pregunto entonces para qué seguir teniendo unas mastodónticas asambleas generales de centenar y pico de personas para decidir, al menos en teoría, los destinos de la Obra Social. Si continúan, será por puro anacronismo, o por mantener el simulacro de que es la representación social ¿? la que determina cómo se distribuyen los recursos. Lo siento, pero a estas alturas no me lo creo.

Eso sí, las cajas convertidas en bancos deberán medir bien sus pasos para no desatender, en aras exclusivas de la eficiencia y la competitividad, a aquella población que aún vive al margen de las operaciones a través de internet. Me refiero, en especial, a la gente que vive en las áreas rurales, los pueblos, y a las personas mayores no familiarizadas con las redes, y que necesitan una oficina cerca, su caja de toda la vida, para no quedar excluidas de los servicios financieros.

Una caja que es un banco, un banco que es una caja, la cuadratura del círculo en La Caixa, lo que no ha logrado hasta ahora ninguno de los SIP ya conformados, ni, por supuesto, ninguna de las macrofusiones plenas de cajas de ahorros (en Cataluña, Castilla y León o Galicia).

La cuestión es cuánto tardarán entidades de acreditada y reconocida solvencia como Unicaja e Ibercaja y otras todavía no desposadas en seguir la estrella o si se aferran a un modelo y a un territorio que, al menos por ahora, les resulta. Queda trecho aún en este camino hacia Belén.

PD.

La parva. El recinto tecnológico de Cartuja tiene edificios que comparten funcionarios y empresas privadas. No hay problemas de convivencia hasta que aparecen los calores o los fríos. En verano, cortan el aire acondicionado a las tres de la tarde, pues los primeros terminan su jornada laboral, mientras que las segundas sudan la gota gorda. En invierno, tres cuartos de lo mismo con la calefacción, y así se quedan pajaritos los empleados de las empresas. La solución, poner aparatos de aire y calor por doquier, de ésos de andar por casa, cuando en teoría son edificios muy modernos.

La simiente. Bienvenido sea el debate de vincular el incremento de los salarios a la productividad y la competitividad de las empresas. Es necesario que se abra una reflexión. Es sangrante que en este país existan convenios de empresas públicas estatales donde, debido al elevado absentismo, el personal cobre incentivos para ir a trabajar –lean bien, no por trabajar, sino por ir a trabajar, como sería su obligación-, aunque también lo es la falta de visión de las empresas que, por ejemplo, no aceptan el teletrabajo y prefieren ver a sus trabajadores asidos a una silla perpetua. Entiendo la ligazón entre salario y productividad, por las tareas que correspondan al trabajador, pero no entre salario y competitividad, puesto que ésta crece o disminuye atendiendo a estrategias empresariales que no dependen de los empleados, sino de los directivos, que son empresa y que, por lo demás, ya cobran incentivos y bonus, algunos de ellos millonarios, recuerdo, por ejemplo, los que percibían los inventores de las hipotecas subprime, o los ejecutivos norteamericanos de Delphi que cerraron la planta gaditana.

La paja. Ni empresarios ni directivos de escuelas de negocios lo dicen en alto, pero por lo bajito advierten de las nefastas consecuencias que está teniendo “pasar la mano” a los estudiantes tanto de Secundaria como de la Universidad, y todo con el objetivo oficial de escalar posiciones en los ranking, tipo informe PISA. “Será pan para hoy y hambre para mañana”, aseveran. Los políticos, agregan, siguen con mentalidades cortoplacistas, “y a la larga el lamento será común”.

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