La fragilidad de la despensa

La crisis del pepino, al igual que en su día la del pimiento o la del aceite de orujo, revela con toda su crudeza la fragilidad de la industria del campo andaluz ante cualquier información o rumor, infundado o no, que la vinculen con enfermedades. El principio de protección de la salud prima, por supuesto, sobre el de los intereses económicos, pero cabría preguntarse si los errores de los diagnósticos, en este caso de las autoridades sanitarias de Hamburgo, no deberían acarrear indemnizaciones por parte del Estado de Alemania hacia los agricultores andaluces más allá de las ayudas -con cargo a las arcas de toda la Unión Europea- que Bruselas plantea, lo mismo que los errores médicos terminan en los tribunales con demanda económicas -e incluso punibles- de por medio.

Esa precipitación con la que se ha actuado desde Hamburgo, que aunque no concretó cuál era el origen de la contaminación sí detalló el origen de los pepinos, se comprende ante el agobio de unas autoridades alemanas sorprendidas por la virulencia del mal y la razonable urgencia de la ciudadanía por saber los porqués. Pero si tan claro lo tenían, más que en la prensa y en mostrar su rapidez y diligencia podían haber confiado en la red de alerta sanitaria de la Unión Europea -que para algo está- y no actuar por su cuenta, porque si se demuestra que, al final, todo fue una equivocación, ¿quién lavará la imagen exterior del agro andaluz?

Me sorprende la cobardía de Bruselas, sí, cobardía, no hay mejor forma de llamarla, cuando ni siquiera le tose a Berlín para decirle, oye, que te has pasado tres pueblos, y, en cambio, se aviene a justificar la actuación de las autoridades germanas. El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, tiene más razón que un santo cuando sentencia que Alemania será todo lo poderosa que sea, pero no puede hacer lo que le dé la gana. Porque si Madrid hubiera acusado a Berlín sin pruebas irrefutables, el país centroeuropeo nos hubiera acribillado, y el Ejecutivo comunitario aplaudiendo.

En esta polémica, asimismo, tercian los intereses económicos no ya de Andalucía, sino de agriculturas de otras naciones tanto comunitarias como de fuera de la UE. De hecho, la comunidad es la primera que coloca sus hortalizas en Europa -la razón, su climatología- y que en este mes comienzan las cosechas de países competidores que, por cierto, no pocas veces han tirado las españolas por el suelo. Por eso, cualquier noticia que nos venga mal se magnifica, y cuanto más lejos llegue, peor.

La trazabilidad exigida a los productores -por la que son capaces de identificar de qué finca procede una partida y en la que se ha trabajado mucho en la comunidad- debería ser igual de estricta cuando los alimentos llegan a las centrales mayoristas y a los supermercados e hipermercados, dado que también aquí existen procesos previos a la venta al público en los que podrían colarse agentes dañinos para la salud. Aunque, eso sí, a la distribución comercial, en especial a las grandes cadenas, le sobra lo que le falta al agro andaluz, poder, y tiene gran habilidad, por tanto, a la hora de sacudirse las culpas.

Y a falta de semejante poder, al campo sólo le cabe un control mayor de sus propias ventas al exterior -en frutas y hortalizas, 1.800 millones de euros durante 2010- para, de esta forma, no perder la vigilancia del producto hasta que éste llegue a las puertas del mayorista, del súper o del híper y decir habéis sido vosotros aunque sea yo el que siembre.

P.D.

La parva. Las tabaqueras se han embarcado en una guerra de precios sin precedentes que, a la larga, será un mero espejismo. Al Gobierno le viene de perla, puesto que la rebaja de las cajetillas permitirá aminorar la inflación, que anda un tanto desbocada, pero que la tolere no casa con su política para reducir el tabaquismo. Tal y como están las arcas del Estado, estoy seguro de que asistiremos en los próximos meses, de cara a los Presupuestos de 2012, a un nuevo incremento del impuesto especial que grava el tabaco, y entonces se producirá, de golpe, la recuperación de los precios, sangría en el bolsillo. Por cierto, en los semáforos de Sevilla están reapareciendo los vendedores ilegales de tabaco, especímenes que habían restringido su actividad a la Feria de Abril, y esto exige un mayor control por parte de la Policía local.

La simiente. El grupo Ebro Foods, presidido por el sevillano Antonio Hernández Callejas, se queda sin la arrocera australiana Sunrice porque no ha conseguido el porcentaje de acciones que se proponía alcanzar. Quizás haya una segunda vuelta, aunque la compañía alimentaria española no se quedará quieta en su afán por reforzar su liderazgo internacional en arroces y pastas.

La paja. Los farmacéuticos andaluces tendrán todo el derecho del mundo a quejarse de la decisión de la Consejería de Salud de imponer los genéricos, más baratos y con menos margen de beneficio que aquéllos bautizados con marcas. Quizá el departamento de María Jesús Montero debería mirar hacia otros lugares para ahorrar y no cargar siempre con los mismos, como los hospitales, donde, sin duda, existen gastos susceptibles de recortes. Sin embargo, ya no es razonable que los boticarios adviertan de que se van a quedar sin medicamentos como fórmula de presión contra la Consejería, y no lo es porque, sencillamente, no resulta creíble, y menos cuando presumen de tener un sistema de distribución que, en pocas horas, repone el surtido en cualquier farmacia. Con la salud no se juega, y con el miedo a la enfermedad, menos.

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