Don funcionario (el de arriba)

Se acerca un exalto cargo, o exaltísimo cargo para más señas, a un corrillo de periodistas, un confesionario siempre proclive tanto a las intoxicaciones como a las verdades políticamente incorrectas que, quizás por cobardía, prefieren no lanzarse en las ruedas de prensa. Desembucha el también expolítico que buena parte de la culpa –aunque el mea, que conste, también lo entona– de las trabas burocráticas y de la complejidad administrativa soportadas por las empresas y que dificultan, pues, su actividad se debe al funcionario de turno que se arroga el derecho, porque se lo arroga, de emitir su propio informe y, en no pocas ocasiones, con su personal criterio, sobre cualquier proyecto que cae sobre su mesa e, incluso, sobre la mesa del compañero, trae para acá, que quiero opinar y garabatear mi firma. No se estaba refiriendo el prócer, por supuesto, al funcionario currito, ése que conforma mayorías, sino a quienes, escala superior, han sembrado su pequeñita parcela de poder, de aquí no me mueven, pequeñita pero cuyo peaje es lo suficientemente indispensable como para hacer la jodienda.

Merece credibilidad plena tal comentario al ser pronunciado por un hombre clave en la historia de la autonomía andaluza y, por tanto, para la maraña administrativa que la acompaña. Sus palabras, además, avalan los lamentos de Santiago Herrero, presidente de la patronal regional, cuando dice encontrar “voluntad política” para simplificar los múltiples trámites que atenazan a las empresas aunque, a la hora de la verdad, los proyectos se enredan en la hojarasca burocrática y en unos funcionarios que, en no pocas ocasiones, interpretan las normas, en especial las relacionadas con el medio ambiente, según les dicta “su corazón”.

No por tener razón dejaba de admitir un gravísimo error ese exalto cargo de la Junta de Andalucía. ¿Quiénes han permitido y, a estas alturas, aún permiten que este todopoderoso funcionario haga y deshaga a su libre albedrío dentro del que considera su coto vedado al prójimo, aquí ni entres, y no sea, pues, metido en cintura? La respuesta no puede ser otra que los máximos responsables de las administraciones públicas, estatal, autonómica, provincial y local, y por dos motivos muy evidentes: primero, por dejación de funciones, dado que son plenamente conscientes de la existencia –a perpetuidad– de un celo administrativo no autorizado que obstaculiza el desarrollo empresarial; y segundo, porque son ellos mismos los que impulsan y conciben leyes, decretos u órdenes que regulan tanto las materias como la actividad y el funcionamiento internos de los distintos departamentos administrativos, de ahí que se impone la necesaria claridad y transparencia para no dejar margen alguno a interpretaciones personales ni, por supuesto, sentimentales.

La lentitud, que exaspera, la complejidad, que enreda, y la incongruencia, que sorprende y conduce al hartazgo, afloran sobre todo cuando los proyectos empresariales han de pasar las cribas de las normas urbanísticas y medioambientales, con informes y contrainformes y exigencias después modificadas o complementadas que se comen años y años, e incluso décadas, de espera, ahí quedan como ejemplo pasado el complejo minero sevillano Cobre Las Cruces y como ejemplo presente y aún no ejecutado –a saber cuándo– el dragado del cauce del río Guadalquivir.

No se trata, ni muchísimo menos, de restarle ni un ápice de rigurosidad a la aplicación de las normas, pero el entorno económico actual, marcado por una larga crisis de cuya salida no se atisban noticias, impone el sentido común de agilizar lo máximo posible la tramitación de los proyectos empresariales, decirles sí o no cuanto antes, para que los esfuerzos –y el dinero– no se pierdan por el camino. De hecho, no estaría mal que se concibiera la figura del cicerone administrativo que condujera al empresario por la tela de araña de la burocracia y lo acompañara hasta la ventanilla oportuna.

Escudarse en el funcionario no me vale como argumento. En absoluto. Primero, si hay constancia de exceso de celo e incluso de abuso, su inmediato jefe debe exigirle responsabilidades y, en última instancia, el alcalde si se trata de un ayuntamiento, el presidente si es diputación, el consejero si es consejería, el ministro si es ministerio. ¿No ocurre así en la empresa privada? Segundo, no sólo existe la parcela de poder del funcionario, también los muros que levantan las administraciones territoriales, cuya coordinación es perentoria. Y tercero, la crisis está revelando, más que nunca, que hace falta mucha gestión y no tanta política. De lo contrario, seguiremos asistiendo a la connivencia de unos y otros y a la muerte de compañías, sea ésta prematura, sea por inanición.

P. D.

La parva. COAG de Andalucía ha ganado a su eterna rival Asaja de Sevilla un juicio por la cesión a esta última patronal el edificio de la antigua Cámara Agraria Provincial de Sevilla. La asociación que preside Ricardo Serra la recurrirá, como era previsible, al sostener que ella es la que tiene la mayor representación del campo en la provincia y, por tanto, conforme a ley, le corresponde tal cesión por parte de la Consejería de Agricultura. Al margen de los argumentos de una y otra organización, lo curioso es que COAG, al hacer público el fallo judicial, se confunde de edificio, no está en la calle Amor de Dios, sino justo en la paralela, Trajano esquina con Plaza del Duque. En Amor de Dios se ubica la antigua sede de Cruz Roja, que nada tiene que ver con la Cámara Agraria. En lo único que coinciden es que ambos son dos valiosos y deseados edificios, en especial el verdadero. Habrá sido un lapsus.

La simiente. Lo mejor de los planes de reforma de la Política Agraria Común concebidos por la Comisión Europea es que suscita un rechazo generalizado no sólo en España sino en varios de los países que realmente mandan, léase, Francia y Alemania. El comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, se topa con una oposición que parte incluso de la Eurocámara, que tiene ahora –antes no– poder de codecisión sobre la nueva PAC. Ciolos, quizás por sus orígenes, ha propuesto una reforma que beneficia en exceso a los países del Este de Europa, los recién incorporados a la Unión Europea, en detrimento de los del Centro, Francia y el arco mediterráneo. Vamos, que se le ha visto el plumero con esa tasa plana que, a la larga, llevaría la igualdad en los pagos a todos los socios de los Veintisiete. Una cosa es la igualdad y la solidaridad y otra olvidarse de quiénes producen más y quiénes menos.

La paja. La reforma de la Política Agraria Común propuesta por Bruselas recoge la tasa plana por hectárea, es decir, un pago base por igual para todos los agricultores, ¿verdad? De semejante polémica tasa habló este periodista hace dos años porque venía recogida en un informe interno del Ministerio de Medio Ambiente –en teoría, también de Agricultura–. El entonces secretario general de este departamento, el catalán Josep Puxeu, dijo, durante unas jornadas agrarias en Sevilla, que el periodista, éste que firma, estaría fumao al escribir de semejante propuesta, porque el Ministerio no la compartía. No la comparte ahora, porque aquellos papeles partieron del propio Ministerio y cosechó el rechazo rotundo de la Consejería de Agricultura de Andalucía y de las organizaciones agrarias de la comunidad, el mismo rechazo que suscita hoy en todos, incluido el propio Puxeu.

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One thought on “Don funcionario (el de arriba)

  1. Pedro says:

    Que malita es la ignorancia. Cualquier poder que se quisiese arrogar tal funcionario podria ser retirado con uns simpre pregunta: ¿donse está la norma que dice eso?

    Soy un N.28 de la Administración del Estado. Y efectivamente mis informes son preceptivos y vinculan las decisiones de la Administración. Es mas, tengo reserva de ley en mis actuaciones, sancionada por el Supremo. Pero mis actuaciones pueden ser, y en ocasiones son cuestinadas ante los jueces, pero ninguno me ha quitado la razón hasta ahora.

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