El empresario andaluz como objetivo de ETA

Sucedió tal y como les cuento. Despacho de uno de los principales empresarios andaluces de la distribución comercial, sevillano para más señas, primavera de 1997. Toques en la puerta, entra el fotógrafo, al protagonista se le desencaja la cara. «Fotos a mí, no, por favor, si quieren, a los almacenes, a las tiendas». El periodista trata de persuadirlo, qué sería de esta entrevista sin imagen del entrevistado, a quién asignamos sus palabras, ¿a unas estanterías? Él también bromea, es que soy muy feo, es que soy muy tímido, se reirán de mí, recursos esquivos que no convencen. Al final reconoce, esto no lo recoja en su periódico, que intentaba guardar discreción, la mayor posible, un consejo recibido desde las patronales porque la amenaza de secuestro por parte de ETA, aquí, en Andalucía, lejos del País Vasco, a un tiro de piedra de Madrid, pesaba en el aire. El miedo empresarial era real.

Estaba aún reciente el largo cautiverio del empresario José María Aldaya y también en la memoria, los de Emiliano Revilla y Luis Súñer, y en esos precisos momentos sufría la cruel falta de libertad el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. El año anterior fue asesinado el empresario Isidro Usabiaga en Ordizia y apenas un par de meses antes de la citada entrevista, Francisco Arratibel en Tolosa. Sí, había miedo. Existía, además, el runrún de cartas de extorsión masivas a los patronos andaluces exigiéndoles, como a sus colegas vascos o navarros, el impuesto revolucionario, aunque nadie se atrevía a reconocerlo ni tampoco hay constancia de que se produjera claudicación y, por tanto, pago alguno. Sí, había miedo, una constante en Andalucía a lo largo de 28 años, los mismos desde que los etarras comenzaran a atentar en esta comunidad autónoma.

El consejo de las organizaciones patronales a los empresarios individuales era siempre el mismo, precaución, y ésta incluía no prodigarse en la prensa ni publicar en exceso datos económicos sobre sus compañías, puesto que mientras más importantes éstos, mientras más ricos ellos, más expuestos estarían a ETA. Los líderes de las organizaciones empresariales, por su parte, hacía acopio de escoltas y de medidas de seguridad, dado su prolija aparición en los medios de comunicación.

Cuentan que un grandísimo empresario tenía tanto pánico a un secuestro que durante un tiempo trasladó su residencia a Londres, se llevó a su familia, mujer e hijos, y desde allí volaba a Madrid y, sobre todo, Sevilla para atender unos negocios que, por cierto, tenían ramificaciones en los territorios vascos. Eran, insisto, relatos de mentideros periodísticos.

Aunque no de ETA, los empresarios andaluces ya habían sufrido en carne propia la sinrazón del terrorismo. A mediodía del 5 de septiembre de 1984, los GRAPO asesinaban de un tiro en la nuca al presidente de la patronal sevillana CES, Rafael Padura, en el interior de su negocio, una imprenta de la calle Luis Montoto. Fue un varapalo para el empresariado regional, que en aquella época comenzaba a articularse, a organizarse, y aún hoy Santiago Herrero, líder de la CEA, asegura que aquel fatídico día fue el peor de su vida de patrono.

El 30 de enero de 1998 la cercanía del terror se hizo aún más palpable con los asesinatos a bocajarro del concejal sevillano Alberto Jiménez Becerril y de su esposa Ascensión García, y dos años y medio después, un 16 de octubre, caía abatido el doctor Antonio Muñoz Cariñanos también en el centro de la capital andaluza. En los papeles incautados a sus asesinos en la barriada de El Cerezo, aparecían nombres de políticos, consejeros de la Junta de Andalucía y empresarios, y aún recuerdo el malestar de uno de ellos cuando aquella información apareció en la prensa. «No es por mí, sino por mi familia, esa lista no se tenía que haber publicado sin nuestro permiso».

A mediados de los noventa, además, ETA hizo de la Costa del Sol un objetivo prioritario. Quería que su violencia tuviera una mayor repercusión internacional por la afluencia de turistas. Bombas en Málaga, Torremolinos, Marbella. Trataron de volar el aeropuerto. La Comisión de Turismo de la CEA se afanó en llamar a la tranquilidad. Se estaba atentando a uno de los pilares de la economía andaluza.

Pero no hay que irse tan lejos en el tiempo. Las constructoras andaluzas que han participado recientemente en grandes infraestructuras del País Vasco trabajaban con suma prudencia pues estaban allí, en territorio comanche, con la presión no sólo de los miembros de ETA, sino también, en el terreno laboral, de los sindicatos abertzales. Ir de la mano de compañías locales se hacía, de hecho, imprescindible.

El anuncio del fin de la violencia de ETA trae, pues, sosiego a todos. Poder dar la cara sin temor a la extorsión, el secuestro o el tiro en la nuca. Nuestro entrevistado la dio entonces. Se hizo la foto.

P. D.

La parva. Las amenazas de la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, de buscar alianzas en la Unión Europea para paralizar la reforma de la Política Agraria Común propuesta por el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, revela dos conclusiones. La primera, que está poco o nada ducha en negociaciones comunitarias. Y la segunda, que le quedan dos telediarios en el convento. Si hubiera rastreado un poco, podría haberse dado cuenta de cuán difícil le ha sido siempre a España bloquear una reforma de la PAC, tan difícil que no lo ha conseguido nunca, y menos ahora que no son quince sino veintisiete los Estados de la UE. Ya se demostró la semana pasada en el primer debate de la propuesta de Bruselas en el seno Consejo de Ministros de Agricultura, cuando quienes mandan, a saber, Alemania y Francia, comenzaron a verla con otros ojos y a considerar que no era tan mala, aunque sí mejorable.

La simiente. Entre tanta noticia económica negativa, hay que resaltar el crecimiento de la empresa Acquajet, líder en el mercado ibérico en distribución y comercialización de agua en fuentes refrigeradoras y de filtración de agua, que sigue creciendo tanto en ventas y clientes a pesar de la ya larga crisis económica. Ella presume de no estar nada de perjudicada. Once años tiene de existencia. 24 millones de euros de facturación para este ejercicio. Israel Miranda, andaluz, es el consejero delegado, uno de sus principales socios y artífice de la expansión nacional. De sus reflexiones sobre la prosperidad de su compañía nos quedamos expresamente con una. Habrá habido muchos despidos y expedientes de regulación de empleo en nuestro país, dice, pero al menos las empresas no les quitan el agua a sus trabajadores, sino que están concienciadas de que hay que “hidratar” la jornada laboral. Qué menos que agua…

La paja. Del varapalo de la devolución de las competencias de la cuenca del Guadalquivir al Estado, la Junta de Andalucía, y especialmente el PSOE, deberían al menos aprender que hay que escuchar a los empresarios y regantes y, por tanto, a las cosas de la economía y del dinero, y no dejarse sólo llevar por el sentimentalismo y la absurda estrategia política de acusar de antiandaluz a quien no lleve en su sangre el río. Desde la Consejería de Medio Ambiente juran y perjuran que, durante el tiempo en que las competencias han estado en poder autonómico, no se ha dejado de invertir ni un solo euro. En cambio, parte de los regantes (Feragua) y parte también de los agricultores (Asaja) dicen que ha habido una auténtica parálisis en la gestión de la cuenca. Permítanme que me quede a medio camino y predecir, además, no pocos recursos contra las decisiones adoptadas y las decisiones no adoptadas durante ese periodo.

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