Que el gasto social no sea excusa

Dos formas hay de elaborar un presupuesto, sea público, sea de empresa. De abajo arriba, esto es, contamos primero los euros que tenemos y nuestras previsiones de ingresos y después decidimos en qué gastaremos e invertiremos, o de arriba abajo, démosle la vuelta a esa secuencia, grandes objetivos marcados y, posteriormente, ajustaremos los medios. Ambas son válidas, si bien, en estos tiempos de crisis económica, sería más lógico poner los bueyes delante de las carretas, no al revés. Esta última ha sido la opción de la Junta de Andalucía: las políticas sociales (educación, sanidad, dependencia, formación) por encima de cualquiera otra. Loable, sí, sin duda, aunque, a tenor de cómo los cumplirá la Administración autonómica, me temo que será la creación de empleo privado la principal damnificada, cuando ésa tendría que ser precisamente la principal política social.

En la obra pública, el Gobierno andaluz se aferra a la financiación público-privada, tan arraigada en otros países, especialmente en Alemania. Sería perfecto. Lo malo es que pretende implantar esta fórmula no poco a poco, sino generalizarla en 2012, como si las puertas de los bancos estuvieran abiertas de par en par a las compañías, que a muy duras penas consiguen el oxígeno crediticio para el día a día, y como si las administraciones públicas, en especial las regionales y locales, que son morosas a más no poder, fueran consideradas en estos precisos momentos y en este país como avales inequívocos de pago.

Imagínense la escena. “Que mire usted, señor banquero, no tengo un euro en caja pero voy a construir una carretera de veinte millones, démelos, que se los voy a adelantar yo a la Junta de Andalucía, ella me pagará cuando pueda, siempre cumple lo que promete y planifica”. Pues va a ser que no. Muy bien amarrado tendría que estar todo para que las entidades financieras prestaran los dineros, no está el horno para los bollos sin perspectivas claras de que salgan bien cocidos.

La noticia que ayer adelantaba la edición andaluza del diario económico Expansión es reveladora del esperpento en que se pueden convertir los auténticos bandazos en materia de obras públicas. Carta de la antigua Egmasa a las empresas adjudicatarias de proyectos hidráulicos –a última hora de la tarde de ayer fue matizada por una nota de prensa de la Consejería de Medio Ambiente– en la que les informa de que su reprogramación exige que busquen financiación privada, que anda la cosa muy cortita de liquidez, o, de lo contrario, se deberá ralentizar la ejecución. Y las consecuencias sobre el empleo, sin medir.

A una gran empresa, a una multinacional, quizás le cueste relativamente poco encontrar el crédito exigido, puesto que su robustez como grupo le sobra y le basta cuando llama al banco. Pienso, por ejemplo, en la compañía sevillana Abengoa. En cambio, quienes tienen más que perder son las pequeñas y medianas empresas, a duras penas consiguen contratos de las administraciones porque competir con los gigantes es harto complicado, y más podría serlo a partir de ahora.

Se podrá alegar que basta de mamar de la teta pública, llega el momento de que las empresas arriesguen. Sí, por supuesto, pero caben dos réplicas. La primera, la citada de la falta de financiación bancaria, y aquí cabría recordar que la propia Junta de Andalucía ha cargado contra las entidades financieras por no abrir el grifo crediticio. Y la segunda, que las administraciones públicas españolas arrastran un serio problema de credibilidad, y así queda demostrado con los ataques que sufre nuestro país en los mercados (crisis de deuda).

Se podrá alegar, además, que es hora de un cambio en el modelo productivo, y sí, lo es, pero me pregunto, ¿es el momento idóneo para acometerlo de manera radical, con un desempleo andaluz por las nubes y sin alternativas actuales? Y llegamos a la cuestión laboral, realmente la que me interesa.

Educación, sanidad, dependencia, formación. Hablamos de empleo público, no privado, aunque muy loable sea, como ya comenté al comienzo de este artículo y ahora reitero, la apuesta por las políticas sociales, el campo de batalla del partido que gobierna en Andalucía, el PSOE, frente al que lo hace en la mayoría de las comunidades autónomas españolas, el PP.

En el camino, sin embargo, se va penalizando el empleo privado, con los reajustes del gasto público regional que lo incentivan y desarrollan, las obras públicas las he cogido como ejemplo, pero hay más. Por ello, en la conjugación del verbo recortar que tanto gusta a los socialistas andaluces, vosotros recortáis, nosotros no, cabría introducir y asumir otro verbo: crear (economía).

P. D.

La parva. La Cámara de Comercio de Sevilla consideraba que, a pesar de su delicada situación por la pérdida de ingresos en 2012 tras la supresión de la cuota cameral obligatoria, debía entrar en el accionariado de Banca Cívica, la entidad financiera que lidera Cajasol, aglutinante de Caja Canarias, Caja Navarra y Caja Burgos y que ha traído su sede social a la capital hispalense. La compra, por tanto, era estratégica, al menos así lo consideraba el presidente del organismo cameral, Francisco Herrero, a pesar de que los órganos de gobierno de la institución conocieron a posteriori esta operación, un motivo de queja, amén de las pérdidas bursátiles que ha cosechado. La adquisición, además, tenía otro objetivo que aún no ha trascendido: el compromiso de Banca Cívica de mantener la tradición de Cajasol como miembro de la Cámara de Comercio de Sevilla, siendo su aportación jugosa tal y como está el patio…

La simiente. Discuto con una compañera, muy metida en cuestiones de partidos, sobre la evidente llegada de tecnócratas a los gobiernos europeos –Grecia e Italia son claros ejemplos– frente a los políticos. “No estoy de acuerdo”, dice tajante. En efecto, esta tendencia tiene cierto tufillo –o tufillo entero– de que la economía toma el poder, de que los mercados están ganando la batalla, e incluso de que la democracia podría estar en peligro. No dudo de que sea así, pero, ya que estamos ante la inminente formación de un nuevo gobierno en España, quizás sería conveniente situar en las carteras ministeriales a personas especialistas en su materia y no pagar la fidelidad o intentar un equilibrio territorial colocando a políticos por muy buena predisposición que éstos manifiesten –una cosa es querer y otra muy distinta poder–. Para el futuro necesitamos mucha gestión y no tanta política.

La paja. No quiero pensar mal, pero no tengo más remedio que hacerlo. Con tantísimos expedientes de regulación de empleo que ha aprobado la Junta de Andalucía, me pregunto si no habría bendecido también el de Cádiz Electrónica, filial gaditana de la multinacional Visteon, si no estuviéramos en vísperas de elecciones. Espero, de verdad, que el respaldo que están teniendo los trabajadores por parte de la Administración autonómica –no sólo rechazando el ERE sino también poniendo en conocimiento de la Inspección de Trabajo las supuestas irregularidades laborales de la compañía e incluso anunciando que podría denunciarla ante la Fiscalía– se mantenga tras los comicios del próximo domingo. Si no lo hiciera, sí comenzaría uno a pensar muy mal de su comportamiento. Espero que sea un conflicto laboral que no se le enquiste, como sí otros muchos…

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