La banca indultada

Alfredo Sáenz es uno de los principales ejecutivos de la banca española y europea y también uno de los artífices de que el Santander sea hoy uno de los mayores grupos financieros del mundo, con una solvencia y reputación internacionalmente reconocidas. Hasta aquí, de acuerdo. Pero, además de todo eso, Alfredo Sáenz es una persona más y un español más, y como tal, sujeto a los mismos derechos y obligaciones que cualquiera de nosotros que no somos nada de todo aquello. Si comete o cometemos delitos, puede y podemos ser juzgados, puede y podemos ser condenados y, según sea la magnitud de los mismos, el Gobierno de España puede concederle o puede concedernos un indulto o conmutarle o conmutarnos la pena, incluida la de cárcel, un sombrío lugar donde purgar y redimir pecados por ser, como diría mi abuela, malos. ¿Seguimos estando de acuerdo?

Vayamos al meollo de un asunto que, advierto desde ya, se presta mucho a la demagogia porque, insisto, todos tenemos los mismos derechos, entre los que está el ser indultado. De entrada, es tentador comparar la gracia otorgada al directivo con la que se concedió o no a otros españoles de a pie, en la mayoría de los casos ladrones de poca monta arrepentidos, perdonados por sus víctimas y reinsertados en la sociedad antes incluso de ir a prisión; y también lo es circunscribirla al cuestionado papel de la banca en la larga crisis económica actual y sus efectos colaterales, entre ellos la ejecución de hipotecas, esto es, perder la vivienda propia por impago, y el cierre del grifo del crédito, frenando así la recuperación y ahogando a empresas y familias, máxime viniendo el indulto de quien viene, un Gobierno que se presupone socialista y cercano, pues, al obrero –¿o es retórica esta palabra en sus siglas de partido, PSOE?–. OK por el momento, ¿no?

Si queremos profundizar en cuáles habrían sido los argumentos del Consejo de Ministros para proporcionar su absolución al banquero, y hablo en condicional (habrían sido) porque no los conocemos, ocultados quedan a la opinión pública bajo el pretexto de que sus deliberaciones son secretas, cabría hablar de que los delitos de acusación y denuncia falsas por los que fue condenado se remontan a los tiempos de Maricastaña, hace diecisiete años, y, además, que su liviana pena, tres meses de arresto y otros tantos de inhabilitación para el ejercicio de cargos financieros, no era tampoco grande –malo pero sólo un poco, diría mi abuela–. Cuentan que, después de la reunión del pasado viernes de ese órgano gubernamental, hubo quien, de regreso a su ministerio, pegó un portazo al entrar en su despacho. No. El indulto no fue del agrado de todos. Causó sorpresa la propuesta de José Luis Rodríguez Zapatero, ya pactada con el PP, y hasta indignación en algunos de sus propios ministros. Por principios, pero también por la imagen que se trasladaría a la sociedad. Ya no estamos tan de acuerdo, ¿verdad?

En efecto. El perdón no se concedía a la persona, sino al banquero, y aquí está la sutil y, a la vez, la gran diferencia con otros concedidos por el Gobierno. No estamos hablando de un drogadicto que, impulsado por su dependencia de la heroína, roba en una joyería, lo cogen, lo llevan a juicio pero, mientras tanto, se ha desintoxicado, se ha casado, ha tenido un crío, ha recibido la generosidad de su víctima, ha sido condenado y, por fin, ha pedido el indulto y su pueblo o barriada se ha movilizado para respaldar tal solicitud. Aquí sí existe, al menos lo creo sinceramente, motivo más que sobrado para la indulgencia, la persona por encima de su condición y no la condición por encima de la persona, y este último, creo, es el caso del banquero Alfredo Sáenz. Pueden discrepar todo lo que quieran, pero de esta afirmación no me muevo, de este burro no me bajo.

Con su inesperada clemencia, que quizás hubiera sido más comprensible en otro gobierno no del PSOE, sí del PP, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero refuerza entre la sociedad la creencia de que existe una amnistía generalizada hacia la clase financiera, y que por mucho estropicio que ésta haga –véanse, como monumentos al desastre gestor, los ejemplos de las cajas de ahorros intervenidas– al final sale indemne tanto de los perjuicios causados por su labor directiva, de la que, incluso, reciben compensaciones millonarias, como de la acción de la Justicia, a ver quién recuerda a un banquero que en este país haya pisado la cárcel y que no sea Mario Conde. Eso sí, muchos expedientes abiertos por el Banco de España y por el Ministerio de Economía e investigaciones por parte de los fiscales, aunque sanciones en firme y cobradas, ninguna, y nada hace presuponer que haya quien pase alguna que otra temporada entre rejas.

P. D.

La parva. Al menos hay una cosa que está muy clara en el próximo Gobierno que conforme Mariano Rajoy: que habrá Ministerio de Agricultura, y lo habrá con este nombre, no enmascarado, como ahora, en el de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, así lo bautizó el presidente saliente, José Luis Rodríguez Zapatero, en la creencia de que con los nuevos apellidos España sería más moderna y verde. Pues no, el campo aún pesa mucho y, en esta ya larga crisis, la industria agroalimentaria ha demostrado su solidez como pilar esencial de la economía española. Anda Miguel Arias Cañete, el último ministro de Agricultura, lo fue en tiempos de José María Aznar, dejándose querer para ocupar la cartera por Navidad, cuando se conozca cómo quedará el equipo de Rajoy. Las papeletas apuntan hacia él, y no sólo por su amplia experiencia agraria familiar y ministerial, sino también por sus conocimientos de Europa.

La simiente. No queda más remedio que agudizar el ingenio para sortear los injustificados obstáculos que los gobiernos imponen a las relaciones comerciales entre Estados. Es el caso del grupo aceitero sevillano Acesur, propietario, entre otras marcas, de La Española, Guillén y Coosur, que exporta el aceite de oliva a Venezuela no directamente, sino a través de su filial agroalimentaria en Siria, montada con un socio local. Si lo hiciera desde España, mil y un problemas, que el Ejecutivo de Hugo Chávez tiene aún atragantada la diplomacia con nuestro país. Si lo hace a través de Siria, cuyo régimen gubernamental ha sido y es de todo menos democrático, las puertas venezolanas están abiertas de par en par, y ello a pesar del enorme rodeo geográfico que tiene que afrontar la compañía andaluza –eso sí, económicamente le sale rentable–. Dios los cría y ellos se juntan, qué gran verdad…

La paja. La política es una difícil empresa. Decir sí y no a la vez tiene que resultar agotador. Mientras el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, aseguraba en la Cámara regional que no haría especial sangre al Gobierno de Mariano Rajoy, puesto que la economía no está precisamente para puñaladas traperas, y que no le exigiría nada que no le hubiera exigido al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, su consejero de Empleo, Manuel Recio, andaba por esos mundos de Twitter cuestionando la bienvenida que daban los mercados a Rajoy, cuando no jactándose de que la alfombra no fuera precisamente roja. ¿Nos vamos a enterar o no de que la economía no tiene fronteras autonómicas y de que estamos todos en este mismo barco? Los malos vientos que soplen contra España lo harán también contra Andalucía, a ver si remamos juntos, que muy mala es la herencia…

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