Un tajo a la prestación por desempleo

Para completar la larga ristra de incumplimientos electorales por parte de Mariano Rajoy, el próximo viernes, día de Consejo de Ministros, asistiremos a otra vuelta de tuerca en los recortes presupuestarios, léase, sociales. Y digo sociales porque al presidente del Gobierno, el de la ceremonia de entrega del Códice Calixtino, imagen patética donde las haya, se le va la fuerza por la boca al afrontar uno de los mayores problemas de nuestra economía, cuyo ahorro evitaría tanta esquiladora: la elefantiásica administración pública. Su reforma se ha limitado, hasta ahora, a dos iniciativas principales. La primera, ya en marcha, es el plan de pago a proveedores, bienvenido sea aunque, no nos engañemos, liquida las actuales trampas de corporaciones locales y autonomías a costa de entramparlas a largo plazo con la banca, ésa que siempre gana. Y la segunda, anunciada pero aún no acometida, es la supresión de las mancomunidades, no de esos cementerios de elefantes para políticos de uno y otro bando, qué más da, llamados diputaciones provinciales, instituciones desconocidas allí donde quizás son más necesarias, en los pueblos más lejanos de los despachos de las capitales.

En un país con un continuo crecimiento del paro, salvo meses puntuales de bajadas gracias al tirón temporal del sector servicios, no se sostienen las promesas tanto de Mariano Rajoy como de su ministra de Empleo, Fátima Báñez, la rociera pillada in fraganti con filtraciones partidistas –no sé si éstas serán o no pecado, pero alguna regañina merecería de la Virgen–, de que la prestación no se tocaría, es decir, que no habría tijera para quienes tuvieran el infortunio de perder su puesto de trabajo. Pues sí, la habrá, y ejemplos existen de sobra para probar que los noes de este Ejecutivo son síes, y esto, sinceramente, es lo que más cabrea.

Para mí, y supongo que para la inmensa mayoría de los trabajadores, verme en la calle por causas ajenas a mi voluntad e incluso a las de mi propia empresa –la empresa no tiene por qué ser siempre la mala– es, además de infortunio, un drama. Para que se entienda: uno, que cree coincidir con esa inmensa mayoría, quiere trabajar y no rascarse. Demos la vuelta a esta última sentencia, quiero rascarme y no trabajar, y encontraremos el argumento oficial que aducirá el Gobierno para la inminente reducción de la cuantía de la prestación por desempleo, a tenor de las filtraciones publicadas por la prensa económica respecto al contenido de los próximos Consejos de Ministros, que, además, aprobarán la subida del IVA –o la ampliación de la base del impuesto, tal y como eufemísticamente tratarán de vender– y un nuevo ajuste del cinturón para los empleados públicos.

En efecto, el tajo dinerario para el parado se aplicará para los primeros seis meses en situación de desempleo –en estos momentos, durante este periodo se percibe el 70% del salario, y el 60% de éste hasta agotar el tiempo de derecho de cobro–, a la vez que se estudia ampliar los años cotizados para acogerse a la prestación –en la actualidad, un año implica cuatro meses de percepción– y reducir el máximo temporal de cobertura –ahora, dos años–. Aunque habrá que esperar a las próximas semanas para determinar la combinación de estas medidas –si la aprobación no es inminente tampoco pasará del verano–, lo cierto y verdad es que ya podemos averiguar las razones que dará Báñez o, en su defecto, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, habida cuenta de que nunca las malas nuevas las da Rajoy, reservado como está a cumbres comunitarias, copas de fútbol y resoluciones felices de hurtos religiosos. La ministra –prosigamos– dirá que, con semejante tijera, incentiva la búsqueda de empleo por parte de quienes lo pierden, como si fuera agradable engrosar la abultadísima lista del INEM.

El problema, mi querida ministra, no estriba en buscar, sino en encontrar, y no se encuentra lo que no hay. Porque si coexisten realmente trabajo digno –esto de digno es importantísimo, digno en jornada y digno en salario, para así evitar que de la desesperación laboral se aprovechen los empresarios aprovechados, que, como en la viña del Señor, de todo hay en las marismas del Rocío– y parados de larga duración la conclusión no puede ser otra que un INEM inservible, salvo para elaborar y depurar estadísticas. Y no me replique que ahí están las ETT, porque sus sacas de currículum vitae están repletas.

Con la cuchilla para la prestación por desempleo, al igual que con otras reformas de nuestra economía, el Ejecutivo opta por la vía fácil, la de recortar, cuando realmente debería atajar el gran problema del fraude, que lo hay –quienes cobran sin tener derecho–. Y así, pagarán justos por pecadores, acentuándose pues la injusticia del coste de esta maldita crisis…

P. D.

La parva. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, anuncia que se creará un banco público de tierras que se nutrirá de las fincas del antiguo IARA que están hoy puestas a la venta y que no se adjudican porque sencillamente no hay dinero para comprar. La propuesta, no obstante, tiene dos claros inconvenientes. El primero, el vaivén del propio Gobierno autonómico, ahora subasto, ahora no subasto, ahora público, ahora no público. Caba recordar, en este sentido, que la propia Consejería de Agricultura ha arbitrado múltiples ventajas para que los actuales colonos se queden con los terrenos que cultivan. Y el segundo, que ese banco de tierras debe ser rentable socialmente, por supuesto, pero también desde el punto de vista económico, dado que, de lo contrario, se apostaría por modelos de explotación y gestión asistidos artificialmente con ayudas públicas, y eso ya no puede ser…

La simiente. El hecho de que Rodrigo Rato y otros antiguos altos cargos del PP hayan sido imputados por la Audiencia Nacional en el que está llamado a ser el caso Bankia es toda una bofetada al partido, al Gobierno, al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. A falta de una investigación contundente por parte de todos ellos para determinar las causas de la ruinosa operación de integración liderada por Caja Madrid y Bancaja, entidades ambas de la órbita pepera, ha tenido que ser la Justicia –con mayúsculas– la que emprenda acciones contra los directivos que capitanearon la gestación de Bankia y, por tanto, los causantes de su desastre y del abultado coste para el conjunto de los contribuyentes y para la imagen exterior de España. Si Rodrigo Rato, Ángel Acebes y José Luis Olivas se sientan en el banquillo, España se asemejará un poquito a Islandia.

La paja. El toque de atención lanzado por Rubalcaba a los socialistas andaluces debería ser tenido muy en cuenta porque, retomando la reciente advertencia del cura José Chamizo, estamos ya hasta el gorro de los políticos, y más allá. Una cosa es la democracia interna de los partidos, ésa que ha hecho que Griñán no obtuviera un respaldo unánime en el congreso regional del PSOE pero sí una mayoría más que holgada, y otra bien distinta e injustificada es que, una vez elegido el líder, éste siga siendo objeto de un permanente vapuleo, cual reclamo para tiros con perdigón en una caseta de feria. La crítica, qué duda cabe, siempre debe existir, al enriquecer las ideas y, en este caso, la acción del Gobierno andaluz. Pero mucho me temo, y así lo percibe la gente, que las peleas dentro del PSOE-A se limitan a un mero ¿y de lo mío, qué? Y al margen, la crisis y los problemas de los ciudadanos.

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